Lo anunció el pasado 23 de octubre: el Gobierno de Canarias haría posible que todos los ciudadanos residentes en las islas, con una hipoteca variable de hasta 250.000 euros y una renta por debajo de los 30.000 podrían pasarse a un tipo de interés fijo sin coste alguno, ya que el Ejecutivo pagaría todos los gastos. Es más, el presidente regional, Paulino Rivero, llegó a afirmar que la medida comenzaría a aplicarse "a lo largo de las próximas semanas". Ya han pasado cinco meses desde que se hiciera el anuncio y todavía no se sabe nada del prometido cambio de préstamo.
De hecho, el plan de choque contra la desaceleración económica presentado por Rivero hace unas dos semanas no recoge ni una sola línea sobre este asunto. En este documento, lanzado a bombo y platillo, se proponen reducciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la compra de vivienda habitual y para determinados colectivos sociales, así como un incremento de las deducciones en el IRPF en un porcentaje equivalente a la variación media positiva de los tipos de interés hipotecario.
En este último caso, tendrán derecho a la rebaja fiscal los canarios con una hipoteca y unos ingresos por debajo de los 30.000 euros o las unidades familiares que, en el supuesto de hacer la declaración conjunta, cobren menos de 42.000. Eso sí, el tope ha sido fijado en 100 euros anuales. O lo que es lo mismo: 8,3 euros al mes. Un pastón.
El plan de choque plantea una deducción limitada a los 100 euros anuales, frente a los 375 por solicitud que aproximadamente costaría el cambio a una hipoteca fija
El cambio de tipo de interés a cuenta de la administración canaria parece haber desaparecido de la agenda gubernamental. Evidentemente, de haberse aplicado hubiera resultado bastante complicado (y muy caro) negociar con las entidades de crédito de cada uno de los ciudadanos que solicitaran la migración a la hipoteca fija. El coste de la subrogación, de un 0,25% (unos 375 euros para una hipoteca media), correría a cargo del Ejecutivo. Si el cambio fuera solicitado por 100.000 personas (probablemente se sumarían muchas más), la medida le saldría al Gobierno por casi 4 millones de euros. Nada barato.
A la hora de hacer balance, sale mucho mejor lo del tope de 100 euros anuales que un gasto por solicitante de 375, aunque éste estuviera limitado a las rentas por debajo de 30.000 euros (hay muchas en Canarias). Total, que habrá que conformarse con los 8,3 euros mensuales, dinero suficiente para ir al cine y comer cotufas un día, darse menos de siete viajes en el tranvía o probar suerte, visto lo visto, y poner ocho primitivas.
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