María tiene 27 años y vive en un barrio de Santa Cruz de Tenerife. Es licenciada universitaria y su sueldo ronda los 17.000 euros al año. A finales del pasado marzo, aprovechando la ayuda de 210 euros al mes para que los jóvenes alquilen una vivienda aprobada por el Gobierno de Zapatero, decidió que era el momento de abandonar la casa de sus padres. Cumplía todas las condiciones y presentó la solicitud, contrato de arrendamiento incluido, en una oficina dependiente del Instituto Canario de la Vivienda. Como suele llegar justa a fin de mes, leyó con detenimiento las bases de la convocatoria: "La administración autonómica comprobará que se cumplen todos los requisitos para percibir la renta de emancipación y lo comunicará en el plazo máximo de dos meses".

Hizo cálculos, teniendo en cuenta que debía desembolsar una fianza, y consideró que podría aguantar pagando el alquiler completo hasta que le llegara la primera prestación. Sin embargo, han pasado casi cinco meses y no sabe nada del asunto. Ni una carta ni una llamada. En julio le surgieron un par de gastos extraordinarios y tuvo que pedirle dinero a sus padres. "Esto es un desastre. Llamas a la oficina de vivienda y te dicen que las ayudas van con retraso; que tienes que esperar y punto. ¿Por qué se comprometen a contestar en dos meses si no van a cumplir?", explicó a este digital.

Como prueba, marcamos el teléfono (900 900 707) que el Ministerio de la Vivienda ha puesto para informar de la renta de emancipación. En cuanto hablas de Canarias y de que, después de casi cinco meses, aún no te han respondido a la solicitud, la persona que atiende el servicio insiste en que la resolución depende de la comunidad autónoma. "Los siento, nosotros sólo nos encargamos del pago. Debe preguntar en el departamento correspondiente del Gobierno regional".

Al momento llamamos a la sede del Instituto Canario de la Vivienda en Santa Cruz de Tenerife (922 473600) en donde, como nos adelantó María, reconocen el atasco burocrático. Es más, el funcionario que se puso al teléfono nos avisó de que el retraso "está incluso pasando de los seis meses" y no sólo afecta a la ayuda nacional sino también a la que concede el Gobierno de Canarias para que los jóvenes se puedan independizar. ¿Y el plazo que establece la ley? "Mejor es que no se fíe de eso", nos respondió.

Es decir, que está ocurriedo lo mismo con la prestación de hasta 300 euros al mes que el Ejecutivo de Paulino Rivero aprobó el pasado enero y que es compatible con la del Ministerio. En este caso, la Consejería de Vivienda se compromete a resolver las solicitudes "en un plazo máximo de tres meses", según recoge el decreto publicado el pasado 11 de agosto. Por lo visto, eso tampoco se está cumpliendo.

Y menos mal que cambiaron el párrafo relativo a la tramitación porque en la normativa vigente desde enero se especificaba que si, transcurridos esos tres meses, no te habían notificado nada, debías entender que tu solicitud había sido desestimada. De mantenerlo, ahora la confusión de los jóvenes que están pendientes de la subvención habría sido peor.

Así las cosas, el caso de María no resulta una excepción. Prueba de ello es que en internet no es difícil encontrar foros con quejas de canarios sobre este asunto.