Si hoy fue a la compra en Tenerife, es posible que haya vuelto cargado de bolsas de plástico por las que no le han cobrado. En algunos países de Europa, ya sea por iniciativa del supermercado o por imposición del gobierno, esa costumbre está desterrada: hay que pagar. Uno de los ejemplos más citados es el de Irlanda, por ser pionero, cuyas autoridades aprobaron una tasa de 15 céntimos de euro, que luego subieron a 22, por cada envase utilizado de ese material. 

El consumo masivo de bolsas de plástico atenta contra la conservación del medio ambiente. Principalmente, porque se fabrican con derivados del petróleo, con lo que aumentan el gasto energético, y no son reciclables ni biodegradables. Incluso se habla de que son mortales para algunos animales cuando acaban en el mar. En España, el Gobierno de Zapatero (PSOE) anunció que si ganaba las últimas elecciones generales implantaría una medida al estilo de la de Irlanda (la noticia, que difundieron todos los medios nacionales, la puedes leer en soitu.es). También una comunidad autónoma como Cataluña ha previsto un impuesto y organizado campañas para fomentar el uso de sacos reutilizables (20minutos.es y elpais.es).

¿Y a qué viene todo esto? Pues a comentar el caso especial de Canarias, del que nos hemos enterado estos días a raíz de la próxima apertura en Tenerife del establecimiento de una empresa multinacional.

El Gobierno regional modificó en 2003 la ley de comercio para regular, entre otras cosas, las llamadas tiendas de descuento duro, que se caracterizan por vender mayoritariamente marcas propias (blancas), por exponer su mercancía en cajas o palets y por tener, en general, precios más bajos que el resto del sector de la alimentación. Esa ley pone como principio para definirlas que al menos el 30% de su oferta sea de productos propios y además que cumplan con otras condiciones entre las que figura el cobrar las bolsas a los clientes. Esa legislación se desarrolló un par de años después, en 2005, con un decreto que, en función de la población y la superficie de venta, apenas deja margen para abrir tiendas de descuento duro en Canarias con el argumento de proteger al pequeño comercio.

Entonces, la compañía de origen alemán Lidl ya había comenzado a tramitar su entrada en Tenerife y tuvo una bronca con el Gobierno a cuenta de ese cambio de normativa. Al final, llegaron a un acuerdo por el que la empresa se comprometía a modificar algunos detalles de sus tiendas para instalarse en las islas como supermercado (esquiva parte de la ley y sólo necesita la licencia del ayuntamiento de turno) y no como descuento duro (require la autorización previa del Ejecutivo autonómico). Pues bien, ahora hemos conocido el contenido de ese pacto en el que se especifica que Lidl renuncia a vender sus bolsas de plástico como solución para operar en el archipiélago. Tienes en pdf al final de este texto la respuesta de la Dirección General de Comercio dando por bueno el cambio de modelo.

En consecuencia, Canarias se convertirá en la única comunidad autónoma en la que Lidl, por una traba legal, no podrá adoptar una medida por la que están apostando los países más desarrollados de Europa. En la peninsula, en donde tiene alrededor de 400 tiendas, esa cadena cobra 3 céntimos por sus bolsas, que dan para varios usos porque son más grandes y resistentes que, por ejemplo, las que regala Mercadona. Lidl ya tiene permiso para abrir un supermercado de 1.200 metros cuadrados en el municipio tinerfeño de La Laguna, en el polígono de Los Majuelos.

¿Le parece bien que los supermercados cobren por las bolsas de plástico? ¿Cree que lo hacen sólo por ahorrar costes y encima presumir de "ecológicos"? ¿Debería el Gobierno de Canarias dejar libertad absoluta para hacerlo en cualquier comercio, sea o no de descuento duro?

En este contexto, conviene recordar el caso del hipermercado de Alcampo también ubicado en La Laguna, que permite al consumidor la posibilidad, reservando para ello un par de cajas, de decidir si quiere o no comprar bolsas verdes y reutilizables a 20 céntimos.