El conocido como caso Fórum llegó a Tenerife de la mano de un auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que se relacionaba a personalidades tinerfeñas, como el propio alcalde de Santa Cruz o el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, con las operaciones inmobiliarias ilegales del Fórum Filatélico. El documento de Garzón enrareció en diciembre de 2006 la política regional. Poco ayudó el titular del diario El País sobre la extensión de la trama a las islas: "Garzón halla indicios de comisiones millonarias para Coalición Canaria". En ese artículo, el periódico nacional hablaba del posible hallazgo de indicios del pago de grandes sumas de dinero a CC a cambio de favorecer operaciones inmobiliarias del Fórum y sus filiales en la isla.

Pero tras la tormenta llegó la calma. Un año después, en diciembre de 2007 y cuando ya muchos se habían olvidado de esta investigación, todo pareció reactivarse. De nuevo, Tenerife amaneció sobresaltado por el anuncio de varios registros judiciales en los domicilios y empresas de algunos de los imputados, como el ex consejero del CD Tenerife José Ana Pérez Labajos o la ex concejal de Urbanismo de Santa Cruz Herminia Gil. Estas actuaciones buscaban documentos que pudieran acreditar la existencia de comisiones ilegales en la concesión administrativa de un puerto deportivo en San Andrés y la recalificación de parcelas en Valle Tahodio. La cosa volvía a animarse.

Ahora, seis meses después, aparecen ocultos entre documentación judicial algunos retazos sobre el caso que, si bien no parecen aportar nada concluyente, sí que sirven para conocer cómo avanza el proceso y qué pudo sacar la policía judicial de los últimos registros. Se trata de unos documentos de los que se incautaron los agentes y cuya existencia ha sido puesta de manifiesto en un auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz. Pero, ¿por qué iban a estar estos papeles en un auto? Pues porque la representación judicial de uno de los imputados reclamó a la Justicia su devolución al considerarlos vitales para examinar las líneas de la defensa. El tribunal denegó tal pretensión.

Todo comenzó poco después de los registros en las dependencias de Pérez Labajos y Herminia Gil, a mediados de diciembre. Uno de los imputados se percató de que faltaban en sus oficinas algunos documentos que sus abogados consideraban fundamentales para establecer las líneas de la defensa. Se trataba de cuatro informes, titulados "Notas relacionadas con Herminia", "En relación con el barranco de Tahodio", "En relación con el fax (general, Tahodio y en parte Puerto)" y "En relación al Informe sobre el estado de gestión del desarrollo de negociado, de la concesión administrativa del Puerto Deportivo Anaga".

Según se desprende del auto judicial, fechado el 28 de marzo de 2008, la sala no aceptó las pretensiones de la representación del imputado porque todos los documentos "fueron incautados en un registro judicialmente autorizado y en presencia del señor secretario, por tanto bajo control judicial". Asimismo, precisa que estos papeles "tienen relación directa con los hechos objeto de investigación, no pareciendo que sean titularidad de tercero". Es decir, que el tribunal estimó que pertenecían al propietario del inmueble registrado y no a otra persona.

Y aquí vuelve la oscuridad. ¿Cuánto habrá que esperar para conocer algo más? Es imposible saberlo, pero lo que sí es cierto es que el caso Fórum, aunque a veces parezca lo contrario, sigue en marcha.

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