Que desilusión, ni ministra embarazada, ni capitana de hermosa melena rubia, ni otras milongas para la galería. Nos lo temíamos, pero la esperanza es lo último que se pierde. El Ejercito Español se niega a colaborar en el esclarecimiento del asesinato por la guardia civil del estudiante canario Javier Fernández Quesada. La Justicia Militar ha rechazado la solicitud de la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT) de que se le facilitara el testimonio íntegro de la causa número 200 de 1977, relativa a la muerte del estudiante, y no dará tampoco los nombres y direcciones de los agentes de la guardia civil y el coronel actuantes.
A la entrada del Tribunal Togado Militar, nos recibió una disputa entre el segurita y unos militares retirados muy cabreados. Discutían sobre quién había dado más sangre por la patria y temí en un momento determinado que me metieran en aquella trifulca. Sin embargo, tengo que reconocer que salió un Guardia Civil de alta graduación que con exquisita diplomacia y educación arregló el pequeño percance.
Teníamos esperanza de que algo hubiera cambiado en el ejército y entiendo que lo único que cambia, para nuestra decepción, son las formas. Y cambian para que todo permanezca igual. Más de lo mismo. Nos atendió personalmente una capitana de buena planta, muy educada. Pero de colaborar en el esclarecimiento de algo que consideramos podría ser -dicho con respeto- un crimen de Estado, nada de nada.
Teníamos esperanza de que algo hubiera cambiado en el ejército y entiendo que lo único que cambia, para nuestra decepción, son las formas
El escrito presentado ante el Tribunal Militar reclamaba que "para poder ejercer las acciones oportunas, contra los autores de los delitos y demás responsables del asesinato de Javier Ricardo Fernández Quesada, y de los delitos de lesiones producidas en otras personas, ocurridos el día de la Huelga General del 12 de septiembre de 1977, en la Universidad de La Laguna [...] se facilite testimonio íntegro de la Causa nº 200 de 1977, instruida por el Juzgado Militar Permanente de la Capitanía General de Canarias, así como los nombres y direcciones de los agentes de la guardia civil y el coronel actuante". Cuando tuvieron lugar los hechos, que tuvieron como repercusión más grave la muerte de Fernández Quesada por disparos de los agentes, estos actuaron bajo las órdenes del entonces gobernador civil, Luis Mardones, así como de un sargento del instituto armado y de un coronel del ejército.
En su respuesta, el Tribunal fundamenta la denegación de esta petición, fundamentalmente, en el hecho de que "los posibles delitos cometidos con motivo de los hechos que motivaron la incoación de la citada causa estarían prescritos", por lo que considera que "no existe razón ni interés legítimo para facilitar los testimonios solicitados con tal finalidad". Es más, se asegura que "teniendo en cuenta los límites constitucionales derivados de la salvaguarda de los derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen de las personas afectadas que hubieren podido intervenir en el citado proceso [...] no han transcurrido 50 años para poder ser consultados públicamente [los documentos]. (Abajo, en la zona de los archivos adjuntos, tienes el documento completo del acuerdo gubernativo).
Un día antes esperábamos que la Justicia Militar nos diera la posibilidad de acceder al sumario, en su día archivado, del asesinato de Fernández Quesada. Esperábamos que en contra de lo sucedido con la Cadena Ser en Tenerife, que se niega a proporcionar las cintas con las declaraciones insultantes del señor Mardones y también en contra de lo que entendemos -dicho con venia- poca diligencia del Juzgado de Notificaciones a la hora de citar al ex gobernador civil, del que aportamos incluso su teléfono particular y móvil, los aires democráticos hubieran llegado al ejército. Y que la imagen de una señora embarazada, dándole órdenes a la cúpula mayor militar fuera la antesala de otras formas más respetuosas con la defensa de los Derechos Humanos del Ordenamiento Jurídico Español. Nos equivocábamos. Con todo, el acuerdo de la Justicia Militar no agota la vía gubernativa y cabe recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial.
Nota de la redacción: el vecinoreportero autor de la crónica (que ha sido elaborada en colaboración con la redacción de loquepasaentenerife.com) es el representante legal de la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT) en los asuntos a los que se refiere esta información.
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